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El caso de Arán, cuya organización institucional queda regulada en el capítulo VII, reproduce a
menor escala algunos de los defectos
y riesgos del proceso de reforma estatutaria emprendido por la
clase política catalana. El vigente Estatuto catalán se limita a establecer
que la lengua aranesa debe ser objeto de «especial respeto y protección» (art.
3.4) y, en la
disposición adicional primera, señala que «en el marco de la Constitución y
del presente Estatuto serán reconocidas y actualizadas las peculiaridades
históricas de la organización administrativa interna del Valle de Arán». Esas peculiaridades quedaron reguladas mediante una ley que
establece un Régimen Especial para Arán. Lo define como «una entidad local territorial»,
con instituciones propias -el Conselh Generau, integrado por el Sindic y los consejeros generales-,
y otorga al aranés categoría de lengua oficial en el territorio del Valle de
Arán, junto con el catalán y el castellano. El nuevo Estatuto, que omite en este
ámbito toda referencia a la Constitución,
supone, por tanto, un avance, si bien parcial, hacia la satisfacción de las
reivindicaciones aranesas. El preámbulo
define a Arán como una «realidad nacional con entidad
propia», mientras que el aranés pasa a ser oficial en todo el territorio de
Cataluña. Sin embargo, en lo que se refiere
a la organización institucional, el
Estatuto no incluye las aspiraciones aranesas. Estas quedaron
plasmadas el pasado febrero en un documento aprobado por el Conselh, que reclamaba un «pacto de libre unión» del
Valle de Arán con Cataluña -reminiscente del acuerdo de libre adhesión
solicitado por Ibarretxe-, y una demarcación
electoral propia, con un diputado en
el Parlamento y una interlocución directa con la Generalitat. Pero el
texto aprobado mantiene a Arán como parte de una veguería -la del Alto
Pirineo-, y sólo le otorga la facultad de
«participar» en la elaboración de iniciativas
legislativas -art. 94.4-, no de presentar las propias. Ahora bien, el mero
reconocimiento de Arán como una «realidad nacional» tiene consecuencias serias de cara a los recortes que
pretende introducir el Gobierno de Zapatero
en el Estatuto. Si se sustituye el
término nación por una fórmula
alternativa, por ejemplo «realidad nacional» ,
Cataluña y el Valle de Arán serán lo mismo. Algo que los nacionalistas
catalanes -para quienes funciona la regla de que el Valle de Arán es a
Cataluña lo que Cataluña es a España- no estarán dispuestos a aceptar, lo cual
les llevaría sin duda a propugnar a su vez una modificación a la baja del
estatus de Arán. Es lo que tiene plantear reivindicaciones de máximos sin reparar en sus consecuencias ni en su
viabilidad nacional»
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